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Justicia

Cuando la tierra se mueve, la institucionalidad también debe responder

El terremoto del 10 de agosto afectó, según la Fiscalía, a más de la mitad de sus sedes en el Eje Cafetero. Andrés González Tamayo, presidente de UNISERCTI Risaralda, repasa la respuesta institucional, el apoyo a 24 afiliados damnificados y lo que el sindicato espera de la entidad.

Por Andrés González Tamayo, presidente de la Subdirectiva Risaralda de UNISERCTI 13 min de lectura
Cuando la tierra se mueve, la institucionalidad también debe responder
Foto: archivo UNISERCTI Risaralda

El 10 de agosto de 2026 no fue un día más para los servidores de la Fiscalía General de la Nación en el Eje Cafetero. El movimiento de la tierra no solo produjo afectaciones materiales en diferentes municipios y edificaciones; también alteró la cotidianidad de cientos de funcionarios, sus familias y comunidades, poniendo a prueba la capacidad institucional para responder ante una emergencia que exige, antes que cualquier otra consideración, humanidad, solidaridad, prevención y protección de la vida.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano y con epicentro en San José del Palmar (Chocó), tuvo repercusiones particularmente importantes en los departamentos que integran la Regional Eje Cafetero: Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Para nuestros servidores, las consecuencias se manifestaron de diferentes maneras: viviendas afectadas o destruidas, dificultades de transporte y desplazamiento, condiciones de vulnerabilidad familiar, incertidumbre frente a la seguridad de los lugares de trabajo y, en algunos casos, la necesidad de atender situaciones personales y familiares que no podían esperar.

Pero detrás de cada reporte de afectación hay una historia humana. Hay un servidor que debe verificar si su vivienda continúa siendo habitable. Una familia que necesita reconstruir su hogar. Un padre o una madre que debe atender a sus hijos. Un funcionario que enfrenta dificultades para desplazarse hasta su lugar de trabajo. Y también están quienes, mientras procuran cumplir con sus responsabilidades institucionales, llevan consigo la preocupación por sus seres queridos y por las consecuencias que una emergencia de esta magnitud deja a su paso.

Por eso, desde UNISERCTI Risaralda entendimos desde el primer momento que la respuesta frente a esta emergencia no podía limitarse exclusivamente a determinar si una sede podía abrir sus puertas. Era indispensable mirar también hacia quienes diariamente trabajan dentro de ellas.

La vida y la seguridad como primera prioridad

Foto: UNISERCTI Risaralda

Ante la emergencia, nuestra organización sindical elevó ante la fiscal general de la Nación el Oficio N.º 064 del 13 de agosto de 2026, mediante el cual solicitamos la adopción urgente de un Plan de Choque Humanitario y Laboral para los servidores afectados. Entre las propuestas planteadas estuvieron la realización de un censo reservado de funcionarios afectados, permisos especiales, flexibilización laboral, trabajo remoto, protección frente a descuentos o consecuencias disciplinarias cuando existiera una imposibilidad material derivada de la emergencia, atención humanitaria y psicosocial, inspección técnica de las sedes y mecanismos especiales de acompañamiento para quienes hubieran perdido familiares o vivienda.

La razón de estas solicitudes es sencilla: ningún servidor debería verse obligado a escoger entre atender una emergencia familiar y cumplir con una obligación laboral cuando ambas circunstancias se presentan simultáneamente por una causa de fuerza mayor.

La Fiscalía General de la Nación tiene una misión esencial para la sociedad. Sus servidores diariamente enfrentan responsabilidades complejas, atienden situaciones de urgencia y trabajan para garantizar justicia y seguridad. Precisamente por ello, en momentos excepcionales, también es necesario que la institución proteja a quienes hacen posible el cumplimiento de esa misión. La solidaridad institucional no debe entenderse como una concesión, sino como una expresión concreta de una organización que reconoce que detrás de cada funcionario existe una persona, una familia y una realidad que merece ser atendida.

Estado actualizado de las afectaciones en la Regional Eje Cafetero

Video: UNISERCTI Risaralda

El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 generó importantes afectaciones en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la Regional Eje Cafetero. De acuerdo con el estado presentado por la Fiscalía en la reunión de seguimiento, el 51% de las sedes registró algún tipo de afectación como consecuencia del evento sísmico.

Ante esta situación, se viene adelantando un plan de intervención y reubicación de sedes, orientado a garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento para los servidores y usuarios de la administración de justicia.

Dentro de las acciones contempladas se encuentran la reubicación de sedes, la realización de inspecciones técnicas, la identificación de las instalaciones que requieren intervención y la definición de alternativas para aquellas que no pueden continuar operando normalmente. También se contempla el traslado de puestos de trabajo para el personal de Quindío y Caldas que será reubicado en nuevos predios.

Un aspecto fundamental del proceso es la gestión adelantada ante la compañía aseguradora, mediante una matriz diagnóstica y la correspondiente reclamación por los daños ocasionados por el sismo. La presentación registra reclamaciones estimadas de $1.445.421.600 para Quindío, $7.411.320.000 para Risaralda y $3.181.284.120 para Caldas, evidenciando la magnitud de las afectaciones económicas que deberán ser atendidas.

En este proceso también se encuentran contempladas intervenciones en diferentes sedes de Caldas y Quindío, entre ellas instalaciones ubicadas en Manizales y otros municipios. Para el caso del edificio Luker de Manizales, por ejemplo, se reporta un valor asegurado superior a $14.934.012.711.

Para UNISERCTI Risaralda, este seguimiento resulta de especial importancia, pues la recuperación de las sedes debe estar acompañada de garantías reales de seguridad, condiciones dignas de trabajo y continuidad adecuada del servicio de justicia. La reconstrucción y reubicación no pueden limitarse a recuperar espacios físicos: deben permitir que los servidores de la Fiscalía desarrollen sus funciones en ambientes seguros y adecuados.

Las sedes: edificios que también cuentan una historia

Video: UNISERCTI Risaralda

El terremoto también obligó a mirar con especial atención las instalaciones donde funcionan las diferentes dependencias de la Fiscalía. En los primeros días posteriores al evento sísmico, la prioridad fue evitar exposiciones innecesarias y establecer, mediante evaluaciones técnicas, cuáles instalaciones podían ser utilizadas y cuáles requerían restricciones, nuevas inspecciones o soluciones alternativas.

En Risaralda, inicialmente se determinó que no se autorizaba la apertura de las sedes mientras no existieran los conceptos técnicos y peritajes correspondientes que permitieran establecer condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Posteriormente, el proceso avanzó de manera gradual. La reunión regional del 21 de agosto de 2026 permitió conocer nuevos conceptos técnicos y establecer que algunas sedes podían retomar actividades presenciales a partir del 24 de agosto, mientras otras continuarían sometidas a evaluaciones, restricciones o procesos de reubicación.

Este aspecto es fundamental: el retorno a la presencialidad no puede ser uniforme ni automático. Cada inmueble tiene una realidad particular y cada decisión debe estar sustentada en criterios técnicos, de seguridad y habitabilidad.

La información conocida permitió establecer que varias sedes de Risaralda —entre ellas Santuario, Apía, Caínos, Patio, Quinchía, Belén de Umbría, Gaula Militar, Santa Rosa y La Virginia— contaban con concepto de habitabilidad, mientras que otras instalaciones continuaban sujetas a nuevas evaluaciones y decisiones.

Y esto demuestra algo importante: volver a trabajar no significa simplemente abrir una puerta; significa garantizar que detrás de esa puerta existan condiciones reales para proteger la vida y la integridad de quienes ingresan.

Palacio de Justicia de Pereira: una situación que exige especial atención

Video: UNISERCTI Risaralda

Uno de los escenarios que merece mayor seguimiento es el Palacio de Justicia de Pereira. La situación de esta infraestructura requirió establecer un procedimiento gradual para el retiro de elementos personales, mobiliario y expedientes. Para los días 24 y 25 de agosto se programó el retiro controlado de elementos personales y, posteriormente, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, el retiro de mobiliario y expedientes.

Sin embargo, permanece un asunto de enorme importancia: la definición de una sede alterna para los despachos que funcionaban en el Palacio de Justicia. Al momento del último reporte analizado, dicha solución locativa todavía no estaba definida.

Esta situación no puede perderse de vista. La continuidad del servicio de justicia es indispensable, pero debe lograrse sin poner en riesgo a los servidores. La solución temporal que se adopte tendrá que responder simultáneamente a criterios de seguridad, funcionalidad, espacio, conectividad, condiciones laborales y adecuada prestación del servicio.

Dosquebradas: la necesidad de una solución responsable

Foto: UNISERCTI Risaralda

La situación de la sede de Dosquebradas representa otro de los grandes desafíos derivados de la emergencia. La infraestructura fue reportada con afectación grave y concepto de no habitabilidad, razón por la cual no hizo parte del retorno presencial previsto para el 24 de agosto. Ante esta circunstancia se plantearon dos alternativas: realizar adecuaciones a la antigua sede de Dosquebradas o evaluar la utilización de un inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Más allá de cuál sea la decisión definitiva, desde nuestra perspectiva sindical existe una condición que no puede negociarse: la solución debe ser segura, digna, funcional y adecuada para los servidores y para la prestación del servicio. No se trata simplemente de encontrar un lugar donde ubicar escritorios. Se trata de garantizar un verdadero espacio laboral que permita desarrollar las funciones institucionales sin trasladar los riesgos de una emergencia a una nueva infraestructura.

¿Qué se está haciendo?

Foto: UNISERCTI Risaralda

La respuesta institucional ha avanzado en varios frentes. Se han realizado reuniones periódicas de seguimiento con participación de diferentes dependencias y actores institucionales; se han efectuado visitas técnicas a las sedes; se han emitido conceptos de habitabilidad; se han identificado instalaciones habilitadas, habilitadas con restricciones, no habilitadas y pendientes de concepto; se han revisado alternativas de sedes temporales y se ha mantenido el seguimiento a la situación particular de los servidores afectados.

Además, se estableció la continuidad de las evaluaciones técnicas mediante grupos especializados, incluyendo profesionales como ingenieros estructurales y patólogos, particularmente para las sedes con afectaciones moderadas y graves.

Desde la perspectiva sindical, este seguimiento permanente resulta indispensable. Una emergencia de estas características no se resuelve en un solo día ni mediante una única decisión administrativa. Requiere seguimiento, evaluación, corrección, inversión y capacidad de adaptación.

UNISERCTI Risaralda: identificar para actuar y solidarizarse

Foto: UNISERCTI Risaralda

En este contexto, UNISERCTI Risaralda asumió también la responsabilidad de identificar y visibilizar la situación de sus afiliados afectados por el terremoto. Para ello, la organización sindical realizó un sondeo destinado a conocer de manera directa la magnitud de las afectaciones sufridas por los compañeros en sus viviendas y enseres.

Como resultado de este ejercicio, fueron identificados 24 afiliados damnificados, quienes fueron clasificados de acuerdo con el nivel de afectación en cuatro categorías:

  • Categoría 1 Muy alta: Afectación severa, con vivienda inhabitable y/o pérdida total de bienes. En esta categoría se encuentran 7 afiliados.
  • Categoría 2 Alta: Vivienda inhabitable, pero sin pérdida de enseres. En esta categoría se encuentran 3 afiliados.
  • Categoría 3 Media: Vivienda propia con afectaciones, pero habitable. En esta categoría se encuentran 4 afiliados.
  • Categoría 4 Baja/Mínima: Vivienda habitable con afectaciones menores y/o afectación únicamente de enseres. En esta categoría se encuentran 10 afiliados.

Esta caracterización permitió conocer con mayor precisión las diferentes realidades que enfrentan los compañeros y, al mismo tiempo, establecer una base objetiva para promover acciones de solidaridad al interior de la organización sindical.

La solidaridad como respuesta colectiva

Video: UNISERCTI Risaralda

Una vez identificados y categorizados los afiliados afectados, la Junta Directiva de UNISERCTI Risaralda puso a consideración de todos sus afiliados una propuesta de carácter solidario, orientada a brindar un apoyo económico a los compañeros afiliados al sindicato damnificados por el terremoto por un monto de $6.250.000, valor que constituye el monto total disponible, el cual será distribuido entre los 24 compañeros damnificados, de acuerdo con la categoría en la cual fueron clasificados.

La iniciativa fue sometida a consideración de los afiliados mediante el mecanismo de participación establecido para tal fin y recibió el respaldo de 134 afiliados, superando la mitad más uno requerida para su aprobación.

Este resultado representa más que una decisión económica: constituye una expresión concreta de solidaridad, unidad y compromiso colectivo frente a una situación que golpeó de manera diferente a varios integrantes de nuestra organización.

Para UNISERCTI Risaralda, identificar a los afectados era apenas el primer paso. Conocer la realidad de nuestros compañeros debía traducirse en acciones concretas de acompañamiento y solidaridad. Por ello, la organización sindical continuará realizando seguimiento a la situación de los servidores afectados y promoviendo las gestiones necesarias para que la atención de la emergencia tenga en cuenta tanto las condiciones de las sedes como las necesidades de quienes diariamente prestan sus servicios a la Fiscalía General de la Nación.

El terremoto dejó afectaciones materiales que requieren tiempo, recursos y gestión para ser superadas. Pero también puso de manifiesto la importancia de permanecer unidos. En momentos de dificultad, la solidaridad sindical deja de ser un discurso y se convierte en una herramienta para acompañar, respaldar y proteger a nuestros compañeros.

¿Qué esperamos de la Fiscalía General de la Nación?

Foto: UNISERCTI Risaralda

Desde UNISERCTI Risaralda esperamos que la respuesta institucional continúe teniendo como eje fundamental tres principios:

  1. Proteger la vida: Ningún retorno presencial debe producirse sin los conceptos técnicos correspondientes. Ningún servidor debe ser expuesto a una infraestructura que represente un riesgo para su integridad.
  2. Proteger al servidor y a su familia: Las consecuencias del terremoto trascienden el lugar de trabajo. Por eso esperamos que se mantengan y fortalezcan las medidas de acompañamiento, flexibilidad laboral, atención psicosocial y apoyo a quienes enfrentan situaciones particularmente graves.
  3. Garantizar soluciones dignas y sostenibles: Las sedes temporales, las reubicaciones, el trabajo remoto y las alternativas logísticas deben permitir que la Fiscalía continúe prestando sus servicios sin sacrificar las condiciones de seguridad, dignidad y bienestar de sus funcionarios.

Existe además una expectativa que merece una mención especial. UNISERCTI Risaralda solicitó el estudio de la viabilidad jurídica y administrativa para adelantar el pago de sentencias judiciales a aquellos servidores que ya cuentan con cuenta de cobro y que, además, hayan sufrido graves afectaciones como consecuencia del terremoto. La propuesta se encuentra en estudio y, como organización sindical, hemos sido claros en que no existe todavía una decisión definitiva ni puede generarse una expectativa de aprobación mientras las autoridades competentes no se pronuncien.

Consideramos que, si jurídicamente resulta posible, esta alternativa podría convertirse en una medida de especial importancia para funcionarios que, además de tener un derecho económico reconocido judicialmente, enfrentan ahora una situación extraordinaria de calamidad.

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