La reconstrucción también debe ser humana
Una mirada desde los servidores de la Fiscalía General de la Nación y desde la realidad económica, judicial y social del Eje Cafetero
El terremoto también afectó el acceso a la justicia
La emergencia no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de los edificios y de quienes trabajan en ellos. El terremoto también golpeó de lleno el funcionamiento de la administración de justicia en Risaralda y, con ello, el ejercicio profesional de abogados y el derecho de los ciudadanos a acceder oportunamente a la justicia.
El Palacio de Justicia de Pereira resultó gravemente afectado y la respuesta de la Rama Judicial tuvo que evolucionar a medida que avanzaban las evaluaciones técnicas y se recuperaban capacidades operativas. Inicialmente, mediante los Acuerdos PCSJA26-12564 y PCSJA26-12567 de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso y prorrogó la suspensión de términos judiciales y administrativos hasta el 11 de septiembre de 2026, junto con medidas de trabajo en casa y esquemas de apoyo itinerante para garantizar la atención de asuntos que no admitían interrupción.
El panorama fue actualizado mediante el Acuerdo PCSJA26-12589 del 10 de septiembre de 2026, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Este acto reconoció expresamente que en Risaralda las condiciones de emergencia no habían sido superadas: el Palacio de Justicia de Pereira había sido declarado inhabitable, situación que afectaba el funcionamiento de 83 despachos judiciales, secretarías y centros de servicios; además, persistían restricciones en otras sedes estratégicas y continuaban el traslado del centro tecnológico principal y la implementación de soluciones de acceso remoto. Con fundamento en ese escenario, el Acuerdo prorrogó hasta el 11 de octubre de 2026 la suspensión de términos judiciales y administrativos para el Distrito Judicial de Pereira y el Distrito Administrativo de Risaralda, sin incluir los asuntos urgentes y constitucionales exceptuados por las medidas de contingencia.
El mismo Acuerdo PCSJA26-12589 mantuvo hasta el 11 de octubre de 2026 los despachos judiciales de apoyo itinerante de Barranquilla y Valledupar, con competencia transitoria para atender asuntos provenientes del Distrito Judicial de Pereira, y mantuvo la habilitación temporal del trabajo en casa, previa autorización y concepto correspondiente. El Consejo Superior también dejó vigente la posibilidad de que los consejos seccionales dispusieran la reincorporación gradual cuando existieran condiciones favorables de habitabilidad, conectividad y funcionamiento. A nivel nacional, el acto registró 110 sedes judiciales afectadas por el terremoto: 21 con afectaciones graves, 63 moderadas y 26 leves, dimensión que evidencia que la interrupción del servicio no obedeció a una decisión aislada, sino a una contingencia de gran alcance sobre la infraestructura judicial.
Precisamente en ejercicio de esa facultad de restablecimiento gradual, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda expidió el Acuerdo CSJRIA26-0082 del 16 de septiembre de 2026, «Por medio del cual se dispone el levantamiento escalonado de la suspensión de términos judiciales y la reincorporación al reparto ordinario de los despachos judiciales del Distrito Judicial de Pereira y Distrito Administrativo y Disciplinario de Risaralda». Este documento parte de una realidad contundente: el Palacio de Justicia de Pereira, donde funciona aproximadamente el 86% de los despachos judiciales del Distrito, fue declarado inhabitable por graves afectaciones en fachadas, escaleras, fosos de ascensores, muros divisorios, cielorrasos y otros elementos constructivos. A ello se sumaron daños en otras sedes y limitaciones tecnológicas derivadas de la afectación del centro de datos principal, con incidencia en sistemas como SARJ, Halcón SPA y Justicia XXI.
Tras más de un mes de medidas de contingencia, evaluaciones técnicas, búsqueda y adecuación de espacios alternos, entrega de equipos y recuperación progresiva de la infraestructura tecnológica, el Acuerdo CSJRIA26-0082 estableció una reactivación por fases. Desde el 21 de septiembre de 2026 se levanta la suspensión para las especialidades penal, laboral y administrativa, incluyendo, entre otros, los juzgados penales, los juzgados de ejecución de penas, las Salas Penal y Laboral del Tribunal Superior de Pereira, los juzgados laborales, los Juzgados Administrativos del Circuito de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda. Desde el 28 de septiembre de 2026 se dispone el levantamiento para las especialidades civil y familia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura y los demás despachos que continúen cobijados por la suspensión.
En materia de acciones constitucionales, el Acuerdo CSJRIA26-0082 determinó que las tutelas, solicitudes de hábeas corpus y demás asuntos sometidos a los mecanismos especiales de contingencia continuarían bajo esos esquemas hasta el 27 de septiembre de 2026, inclusive, y que a partir del 28 de septiembre se restablecerían su reparto ordinario y trámite regular en Risaralda. Igualmente, precisó que los términos procesales se reanudarían desde el estado en que se encontraban al momento de la suspensión, sin reiniciarse en su totalidad, salvo disposición legal expresa en contrario.
Esta reanudación escalonada no significa que las consecuencias del terremoto hayan desaparecido. El propio Acuerdo CSJRIA26-0082 reconoce que persisten desafíos asociados con la infraestructura física, la reubicación de despachos y la recuperación tecnológica, razón por la cual permite continuar con esquemas de trabajo en casa y otras medidas de contingencia, garantizando la atención al público, la realización de audiencias, la gestión documental y el cumplimiento de los términos. También ordena mantener seguimiento permanente sobre habitabilidad, conectividad, funcionamiento tecnológico y capacidad operativa.
Sin embargo, detrás de cada expediente hay un ciudadano que espera una respuesta y detrás de cada ciudadano muchas veces hay un abogado litigante cuyo sustento depende directamente del funcionamiento de la justicia. Cuando la justicia se detiene, también se detiene el ingreso de cientos de profesionales y de pequeñas oficinas jurídicas del departamento. Por ello, las afectaciones sobre la administración de justicia también representan una consecuencia económica y social que debe ser reconocida y atendida.
Desde mi perspectiva como presidente de UNISERCTI Risaralda, considero que la recuperación debe incorporar también a quienes hacen posible el acceso a la justicia. No se trata de privilegiar a un sector, sino de reconocer que una justicia paralizada afecta a toda la sociedad y que su recuperación exige condiciones adecuadas para servidores, usuarios y profesionales del derecho.
Por esa razón, coincido con el Colegio de Abogados de Risaralda, que en su comunicado del 9 de septiembre de 2026 pidió a las autoridades adoptar medidas concretas y coordinadas que permitan recuperar progresivamente la normalidad del servicio. Entre ellas, el Colegio considera fundamental promover la presencia del Ministerio de Justicia y del Derecho en Risaralda y abrir una mesa de diálogo que permita escuchar a los distintos actores afectados; disponer de una sede judicial o centro temporal de atención digno, seguro y organizado; establecer un cronograma claro para la normalización de los términos judiciales, evitando que ciudadanos y abogados deban asumir consecuencias derivadas de una emergencia que no provocaron; fortalecer las inspecciones de policía para garantizar la práctica oportuna de las diligencias comisionadas; habilitar espacios de trabajo y atención para los abogados litigantes mientras se recupera la infraestructura; mantener una mesa permanente de trabajo, con compromisos verificables, responsables y cronogramas; e incluir a las profesiones liberales dentro de los programas de recuperación económica y social.
Como lo resumieron los abogados en ese comunicado: «No pedimos privilegios. Pedimos condiciones dignas para trabajar». Los litigantes reconocen el esfuerzo de los servidores judiciales, quienes también resultaron afectados por el sismo, y precisamente por ello creen que la solución debe construirse entre todos, entendiendo que la defensa del acceso a la justicia es una responsabilidad institucional y social.
Los abogados quieren volver a trabajar, quieren que la justicia funcione y quieren que los ciudadanos de Risaralda recuperen plenamente su derecho de acceso a ella. Y tienen razón: la reconstrucción no estará completa mientras existan ciudadanos esperando justicia, servidores sin condiciones seguras para cumplir su misión o profesionales que no puedan ejercer dignamente su actividad.
El trabajo en casa: una respuesta, pero también un compromiso
Durante las primeras semanas de la emergencia, el trabajo en casa se convirtió en una herramienta fundamental para mantener la continuidad de las funciones mientras se realizaban las verificaciones técnicas.
Sin embargo, el trabajo remoto no puede reducirse a enviar a un funcionario a su domicilio y esperar que allí pueda resolver todas las dificultades. Se requieren equipos, conectividad, mobiliario y herramientas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales. Este aspecto fue expresamente abordado en las reuniones regionales de seguimiento. La emergencia también dejó claro que la transformación digital de la administración pública debe avanzar acompañada de una infraestructura tecnológica suficiente. Incluso el acceso remoto al sistema SPOA no necesariamente garantiza por sí mismo el conocimiento integral de todas las actuaciones, especialmente cuando existen expedientes, documentos y elementos probatorios que no se encuentran digitalizados.
Por ello, el trabajo en casa debe ser entendido como una herramienta de continuidad institucional, pero también como una responsabilidad de la entidad para proporcionar las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse adecuadamente.
La otra cara de la tragedia: el impacto sobre el aparato productivo

Como lo señaló el columnista Horacio Duque en su texto «Pereira: 30 días después de la tragedia sísmica» (11 de septiembre de 2026), uno de los aspectos menos visibles de la tragedia es el impacto sobre el aparato productivo. Cuando hablamos de reconstrucción, no podemos pensar únicamente en edificios públicos, vías o infraestructura. También debemos mirar a quienes todos los días sostienen la economía local: empresarios, comerciantes, microempresarios, trabajadores y familias que dependen de la actividad productiva.
Al cumplirse 30 días del terremoto, la realidad era dolorosa. Muchos empresarios siguen solos, levantando con sus propias manos lo que se cayó y luchando por mantener sus empresas y sus empleos. Mientras se anuncian ayudas y soluciones, en las empresas siguen esperando respuestas concretas. Não podemos reconstruir Pereira solamente con discursos; necesitamos hechos, recursos, permisos y acompañamiento real.
Los empresarios no están pidiendo privilegios. Están exigiendo que no los dejen solos. Porque detrás de cada empresa hay familias, trabajadores, empleos y años de esfuerzo. De acuerdo con las cifras recogidas por Duque, en Pereira 10.888 empresas —el 76,9% del total reportado— presentan afectaciones en infraestructura, inventarios o funcionamiento. El terremoto dejó inactivos a uno de cada dos establecimientos comerciales.
Las pérdidas de la economía popular y de los pequeños comercios se estiman en $384.705.000.000, sin contar el lucro cesante. Hay 52.168 empleos comprometidos. La situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que menos del 7% de los establecimientos afectados contaba con una póliza específica contra terremoto. El 89,7% corresponde a microempresas, cuya capacidad financiera para reconstruir, reponer inventarios y mantener las nóminas es prácticamente inexistente en el corto plazo.
En Dosquebradas, 2.148 establecimientos comerciales resultaron afectados. De ellos, 245 presentan pérdida total, 521 daños graves, 724 afectaciones moderadas y 685 daños leves. Las pérdidas se estiman en $179.900.000.000 y el 87,8% de los establecimientos afectados no contaba con seguro.
De los 21.931 empleos directos registrados, 4.888 todavía no han podido reactivarse. Y existe un dato especialmente preocupante: apenas el 0,63% de los empresarios damnificados ha recibido algún tipo de ayuda, mientras el 99,37% continúa esperando apoyo gubernamental. Estos números muestran que reconstruir no significa solamente levantar edificios. Significa recuperar empresas, empleos, ingresos y mercados locales.
Los recursos: entre lo disponible y lo anunciado

Hasta ahora, los recursos ciertos provienen principalmente de las administraciones. Por eso, resulta indispensable que las autoridades definan mecanismos claros, oportunos y verificables de apoyo, de manera que los anuncios se traduzcan en soluciones concretas para quienes han perdido infraestructura, inventarios, ingresos y capacidad de operación.
Pereira no se puede reconstruir dejando atrás a quienes generan empleo y sostienen la economía. Los empresarios lo han dicho con claridad: seguirán de pie, con fe, esperanza y la firme decisión de levantarse; no solo quieren reconstruir sus empresas, sino aportar, generar empleo y trabajar unidos para reconstruir el departamento y verlo nuevamente de pie.
La reconstrucción también debe ser humana

La reconstrucción de las sedes podrá medirse en metros cuadrados, estructuras reparadas, equipos reemplazados y oficinas habilitadas. La recuperación de nuestros servidores, en cambio, no puede medirse únicamente de esa manera.
Hay hogares que necesitan tiempo para volver a levantarse. Hay familias que necesitan acompañamiento. Hay servidores que necesitan recuperar tranquilidad. Hay compañeros que todavía esperan una solución para su lugar de trabajo.
Y también hay empresarios y trabajadores que necesitan recuperar sus negocios, sus ingresos y sus empleos. La reconstrucción del Eje Cafetero será verdaderamente integral solamente cuando incluya tanto la recuperación institucional como la recuperación del tejido productivo y social. Por eso, la reconstrucción debe ser también humana. Como presidente de la Subdirectiva UNISERCTI Risaralda, considero que la verdadera recuperación después de una emergencia no será solamente aquella que permita volver a ocupar los edificios, sino aquella que permita a nuestros compañeros volver a sus lugares de trabajo con seguridad, dignidad y tranquilidad, y a nuestras comunidades recuperar sus empresas, sus empleos y sus oportunidades.
Un mensaje para nuestros servidores y para nuestra región

A nuestros compañeros de la Fiscalía General de la Nación en Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó quiero decirles algo muy sencillo: no están solos.
La emergencia nos golpeó de diferentes maneras, pero también nos recordó la importancia de permanecer unidos. Desde UNISERCTI Risaralda continuaremos haciendo seguimiento a las decisiones institucionales, participando en los espacios de coordinación, llevando las inquietudes de nuestros afiliados y defendiendo la necesidad de que cada medida adoptada tenga como prioridad la vida, la seguridad y el bienestar de los servidores y sus familias. Y desde la sociedad civil y el sector productivo debemos mantener la misma convicción: Pereira, Dosquebradas y todo el Eje Cafetero necesitan una reconstrucción que no deje a nadie atrás. No podemos resignarnos a que los anuncios sustituyan las soluciones. Necesitamos instituciones presentes, recursos oportunos, acompañamiento real y una visión de largo plazo. Porque una organización sindical no debe aparecer únicamente cuando existe un conflicto. Debe estar presente, especialmente, cuando sus compañeros más la necesitan.
El terremoto movió la tierra. Ahora corresponde a todos nosotros demostrar que también podemos mover la voluntad institucional hacia soluciones concretas. Que la emergencia no nos divida. Que la dificultad no nos paralice. Que la incertidumbre no nos haga perder la esperanza. Y que de esta experiencia podamos construir una Fiscalía más preparada, más humana y más consciente de que detrás de cada funcionario existe una familia, una historia y una vida que merece ser protegida.
Primero la vida.
Primero la seguridad.
Primero nuestros servidores y sus familias.
Primero también la recuperación de quienes generan empleo y sostienen nuestra economía. Y también el acceso efectivo a la justicia.
Unidos somos más fuertes.


