Fiscalía: 34 años entre aciertos, crisis y poder
Desde Gustavo de Greiff hasta Luz Adriana Camargo, la Fiscalía ha enfrentado narcotráfico, corrupción, conflicto y crimen organizado. Un balance de 34 años plantea que su crisis de confianza no se explica solo por quién la dirige, sino por problemas estructurales acumulados.
De Greiff, Valdivieso, Gómez Méndez, Osorio, Iguarán, Mendoza Diago, Morales, Zamora, Montealegre, Perdomo, Martínez, Espitia, Barbosa, Mancera y Camargo: una institución que ha enfrentado narcotráfico, corrupción, conflicto, parapolítica y crimen organizado, pero que aún carga con el desafío de recuperar la confianza ciudadana.
¿Cuánto de la Fiscalía que tenemos hoy es responsabilidad de sus fiscales y cuánto corresponde a problemas estructurales del Estado? Tres décadas después de su creación, la respuesta no admite posiciones absolutas. Cada administración dejó avances, controversias y problemas sin resolver; y los fiscales encargados debieron asumir, en momentos particularmente difíciles, la tarea de impedir que las transiciones paralizaran la institución.
Hoy, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿puede la Fiscalía recuperar la confianza pública sin transformar profundamente la manera como investiga, prioriza y comunica sus resultados?
Tres décadas de fiscales: la historia de una institución entre logros, crisis y pérdida de confianza
Desde Gustavo de Greiff hasta Luz Adriana Camargo, la Fiscalía General de la Nación ha tenido que enfrentar narcotráfico, corrupción, conflicto armado, parapolítica, crimen organizado y una creciente congestión judicial. Cada fiscal dejó avances, pero también problemas que terminaron acumulándose.
La Fiscalía General de la Nación nació con la Constitución de 1991 como una de las grandes apuestas institucionales para combatir la criminalidad en Colombia. Más de tres décadas después, su historia puede leerse también como la historia de sus fiscales: hombres y mujeres que, desde distintas circunstancias políticas y jurídicas, han intentado conducir una institución cuyo poder y responsabilidad han crecido mucho más rápido que su capacidad de respuesta.
Gustavo de Greiff, primer fiscal general, tuvo la difícil tarea de poner en marcha una entidad nueva en medio de la guerra contra los grandes carteles de la droga. Su mayor aporte fue construir la Fiscalía prácticamente desde cero; su etapa también estuvo marcada por controversias alrededor de la política antidrogas y la extradición.
Alfonso Valdivieso enfrentó uno de los mayores desafíos de la historia institucional: el proceso 8.000. Su Fiscalía demostró que el poder político podía ser investigado y contribuyó a fortalecer la idea de independencia judicial. El costo fue una enorme confrontación política.
Alfonso Gómez Méndez recibió una institución que necesitaba consolidarse y profesionalizarse. Su reto principal fue enfrentar el crecimiento de la criminalidad y las limitaciones de una Fiscalía que comenzaba a evidenciar problemas de congestión.
Con Luis Camilo Osorio llegaron investigaciones de enorme trascendencia en un país todavía atravesado por el conflicto armado. Pero su administración quedó marcada por fuertes cuestionamientos sobre la independencia de algunas investigaciones y por controversias relacionadas con funcionarios y actuaciones frente al fenómeno paramilitar. Aquellas discusiones dejaron una de las primeras grandes heridas en la confianza pública.
Mario Germán Iguarán fortaleció la lucha contra la parapolítica, el crimen organizado y la investigación especializada, además de consolidar el sistema penal acusatorio. Su gran dificultad fue demostrar que una institución cada vez más grande podía responder eficazmente a una criminalidad que también se transformaba.
Después de su salida, se produjo uno de los episodios institucionales más complejos: la dificultad para elegir un nuevo fiscal en propiedad. Guillermo Mendoza Diago, como encargado, tuvo fundamentalmente una tarea de continuidad. Su periodo no quedó marcado por grandes transformaciones, sino por la necesidad de mantener funcionando la entidad en medio de la incertidumbre sobre quién asumiría definitivamente la dirección.
Viviane Morales llegó con la expectativa de renovar la institución, pero su paso fue corto. La anulación de su elección convirtió su administración en otro episodio de tensión alrededor del mecanismo de elección del fiscal general. Su mayor dificultad terminó siendo precisamente la fragilidad institucional derivada de su permanencia limitada en el cargo. Tras la anulación, Martha Lucía Zamora asumió como encargada durante unas semanas.
Eduardo Montealegre impulsó una Fiscalía más especializada y orientada a la investigación de fenómenos de macrocriminalidad. Su administración enfrentó importantes investigaciones y el escenario del proceso de paz. Pero también estuvo rodeada de controversias por contratación, remuneraciones y decisiones administrativas que afectaron su imagen pública. A su salida, Jorge Fernando Perdomo quedó como encargado entre marzo y julio de 2016.
Con Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía adquirió enorme protagonismo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el caso Odebrecht terminó convirtiéndose en la mayor sombra de su administración. Sus antecedentes profesionales y las controversias alrededor del conocimiento y manejo del caso produjeron un profundo debate sobre conflictos de interés e independencia. Martínez renunció en mayo de 2019, tras la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich, y Fabio Espitia asumió como encargado durante más de ocho meses.
Francisco Barbosa recibió una Fiscalía altamente politizada en la percepción pública. Su administración defendió con fuerza la autonomía de la institución y obtuvo resultados contra organizaciones criminales, pero también protagonizó una confrontación permanente con el Gobierno nacional. Para sus defensores fue una defensa necesaria de la independencia judicial; para sus críticos, la Fiscalía adquirió un protagonismo político excesivo. La polarización terminó siendo uno de los rasgos más difíciles de su gestión.
Tras su salida, Martha Janeth Mancera, como fiscal general encargada, asumió la conducción durante otra transición particularmente sensible. Su periodo estuvo acompañado de cuestionamientos y denuncias públicas, pero también de la necesidad de garantizar la continuidad de la institución mientras se elegía al nuevo fiscal.
Finalmente llegó Luz Adriana Camargo, en un momento en que la Fiscalía acumulaba problemas que ningún administrador podía resolver rápidamente: congestión, insuficiencia de investigadores, criminalidad organizada, demandas ciudadanas de resultados y una percepción pública deteriorada. Su gestión tampoco ha estado exenta de cuestionamientos.
Su principal desafío no es únicamente investigar nuevos delitos, sino recuperar la credibilidad de una institución que llega a su administración con el peso de decisiones acumuladas durante más de treinta años.
El verdadero problema no es solamente el fiscal
El balance histórico permite una conclusión incómoda: sería injusto atribuir a un solo fiscal general el estado actual de la Fiscalía.
La institución ha tenido grandes aciertos: investigación de la corrupción política, lucha contra el narcotráfico, desarticulación de organizaciones criminales, desarrollo de policía judicial y especialización investigativa. Pero también ha acumulado problemas: congestión, déficit de investigadores, percepción de politización, dificultades en la elección de su máxima autoridad y una distancia cada vez mayor entre las expectativas de los ciudadanos y su capacidad real de respuesta.
Cada fiscal dejó una parte de esa historia. De Greiff construyó; Valdivieso demostró independencia; Iguarán fortaleció la investigación; Montealegre amplió la visión de macrocriminalidad; Martínez quedó atrapado por el peso del caso Odebrecht; Barbosa convirtió la autonomía en bandera frente al poder político; y Camargo enfrenta ahora el reto de reconstruir confianza. Los encargados, como Mendoza Diago, Zamora, Perdomo, Espitia y Mancera, tuvieron además la difícil misión de evitar que las crisis de transición paralizaran la institución.
La pregunta de fondo ya no es cuál fue el mejor o el peor fiscal. Es qué Fiscalía necesita Colombia después de 34 años.
Porque si cada nuevo fiscal recibe los mismos problemas que heredó su antecesor, la crisis no será solamente de liderazgo. Será una crisis estructural.
Y la recuperación de la confianza ciudadana dependerá menos del nombre de quien ocupe el despacho del fiscal general que de una Fiscalía independiente, técnicamente fortalecida, con suficientes investigadores, menos congestionada y capaz de demostrar que la justicia se aplica con la misma firmeza al poderoso que al ciudadano común.


