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La justicia cojea y ¿de verdad llega?

La Fiscalía recibe cada día nuevas noticias criminales, pero su capacidad de investigar no crece al mismo ritmo. El autor advierte que cerrar expedientes no equivale a hacer justicia y pide una política de largo plazo que ajuste la institución al tamaño de la criminalidad.

Por Redacción UNISERCTI 9 min de lectura
La justicia cojea y ¿de verdad llega?
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La Fiscalía General de la Nación fue concebida como el órgano encargado de investigar los delitos, identificar a sus responsables y llevarlos ante los jueces. Esa misión, aparentemente sencilla en el papel, se ha convertido en uno de los mayores desafíos institucionales del Estado colombiano. Cada día ingresan nuevas noticias criminales al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y, mientras la criminalidad no parece dar tregua, la capacidad institucional para investigar, judicializar y obtener decisiones definitivas no crece al mismo ritmo.

No se trata solamente de una percepción de los ciudadanos que están en las calles, sino de los funcionarios que están en los despachos, en las URI, en las salas de audiencia o frente a los expedientes. La propia información oficial permite observar la dimensión del problema. La Fiscalía mantiene estadísticas nacionales sobre el ingreso y evolución de las noticias criminales desde la implementación del SPOA, y el Ministerio de Justicia reconoce dentro de sus indicadores de política criminal el ingreso, inventario y desarrollo de los procesos registrados por la Fiscalía.

El problema aparece cuando la capacidad de entrada supera de manera persistente la capacidad real de respuesta. Una noticia criminal no es simplemente un número dentro de una estadística. Detrás de ella puede existir una víctima de homicidio, una persona asaltada, una familia sometida a extorsión, una víctima de violencia sexual, un comerciante al que le robaron su patrimonio o un ciudadano que espera que el Estado descubra quién cometió el delito. Cuando el sistema acumula casos, también se acumulan expectativas.

La Fiscalía ha desarrollado estrategias de priorización, análisis criminal y terminación anticipada. La administración actual, por ejemplo, ha señalado como uno de sus objetivos concentrar la investigación en fenómenos criminales de mayor impacto y ha reportado un incremento importante en el uso de mecanismos de terminación anticipada. Estas herramientas son legítimas y necesarias dentro de un sistema penal moderno, pero cuando los mecanismos diseñados para racionalizar el ejercicio de la acción penal terminan convirtiéndose, por efecto de la congestión, en una forma de administrar una incapacidad estructural para investigar todo lo que llega al sistema, todo se complica.

El archivo, la preclusión, el principio de oportunidad, los preacuerdos, las negociaciones, las conexidades, los “incidentes” y las diferentes formas de terminación anticipada tienen una razón jurídica y procesal. No son, por sí mismos, mecanismos de impunidad. El sistema penal acusatorio necesita instrumentos que permitan concentrar los esfuerzos del Estado en los hechos más graves, resolver anticipadamente determinados casos y evitar que todos los procesos lleguen hasta un juicio completo, pero una cosa es utilizar racionalmente esas herramientas y otra muy distinta utilizarlas porque el sistema no tiene capacidad material para hacer aquello para lo cual fue creado: investigar.

Ahí aparece una de las grandes contradicciones del modelo. La estadística puede mostrar que un caso fue terminado, pero la víctima puede sentir que nunca recibió justicia. Para el sistema, puede ser una salida procesal; para quien denunció un delito puede ser simplemente otro expediente que desapareció de su horizonte sin que se conozca quién fue el responsable, por qué ocurrió el hecho o si alguna vez existirá una reparación. Pero la pregunta más importante es cómo la Fiscalía termina los procesos, cuánto tiempo tarda, qué porcentaje llega efectivamente a una decisión judicial, cuántos terminan por mecanismos anticipados, cuántos permanecen activos durante años y cuántos terminan por circunstancias relacionadas con el paso del tiempo.

La Rama Judicial también ha mostrado señales de presión sobre el sistema, lo que demuestra que la congestión no es exclusivamente un problema de la Fiscalía. Es un problema de todo el sistema penal. La Fiscalía recibe la noticia criminal, la Policía Judicial desarrolla actividades investigativas, los fiscales dirigen la investigación y ejercen la acción penal, los jueces controlan garantías o conocen del juicio, los defensores ejercen la defensa técnica y las víctimas participan dentro de las condiciones establecidas por la ley. Cuando una parte se congestiona, las demás terminan recibiendo las consecuencias; por eso, sería equivocado buscar un único responsable.

También sería equivocado desconocer que existe un problema de capacidad institucional: investigar un homicidio no es comparable con tramitar un caso documental. Una extorsión compleja puede requerir vigilancia, interceptaciones legalmente autorizadas, análisis financiero, entrevistas, búsquedas en bases de datos, análisis de comunicaciones, peritajes y meses de trabajo de investigadores, técnicos y fiscales. El mismo Estado que exige resultados debe preguntarse si está proporcionando el número suficiente de servidores, investigadores, fiscales, peritos, laboratorios, tecnología y recursos para producirlos.

Un investigador que debe atender simultáneamente decenas o cientos de órdenes de trabajo no puede multiplicarse, así como el fiscal con una carga desproporcionada de procesos tampoco puede producir decisiones de calidad a la velocidad que exige la ciudadanía. Lo que esto sí refleja es que, cuando esa presión se prolonga durante años, el problema deja de ser individual para convertirse en institucional.

Por eso resulta significativo que el país haya tenido que acudir nuevamente a una reforma del sistema penal para intentar reducir los tiempos de respuesta. En julio de 2025 fue sancionada la Ley 2477, promovida por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía, con medidas relacionadas con aceptación de cargos, reparación integral, prueba anticipada, principio de oportunidad y otros mecanismos orientados a enfrentar la congestión. El propio Ministerio de Justicia justificó la reforma señalando que algunos procesos penales pueden tardar más de una década y que más de 43.000 casos habían prescrito en los últimos años.

Si para descongestionar el sistema se necesitan cada cierto tiempo nuevas fórmulas procesales, la pregunta inevitable es si el problema está realmente en las normas o si, en buena medida, está en la capacidad del Estado para aplicar las normas existentes. Colombia ha reformado numerosas veces su procedimiento penal y ha creado nuevos mecanismos; se han modificado términos, se han ampliado posibilidades de terminación anticipada y se han buscado fórmulas para evitar que los procesos lleguen todos a juicio. Sin embargo, la criminalidad también se transforma, las organizaciones delincuenciales utilizan tecnología, estructuras financieras, redes sociales, comunicaciones cifradas y nuevas modalidades de fraude. Mientras tanto, el aparato investigativo debe responder con recursos humanos y tecnológicos que no siempre crecen al mismo ritmo.

El sistema penal acusatorio puede producir miles de actuaciones, capturas, imputaciones y acusaciones, pero la verdadera prueba de su eficacia está en la capacidad de sostener los casos ante los jueces y obtener decisiones judiciales sólidas. No basta con llegar a una audiencia, también es necesario que la investigación haya sido bien dirigida, que la evidencia haya sido obtenida legalmente, que la teoría del caso pueda sostenerse y que las pruebas resistan el debate contradictorio. De lo contrario, el Estado puede terminar celebrando una gran cantidad de actuaciones procesales sin alcanzar necesariamente el resultado que la sociedad espera. La víctima tampoco debería convertirse en una cifra de productividad.

Para quien perdió un familiar, fue víctima de una extorsión, un secuestro, un abuso sexual, un hurto o una estafa, poco importa que el expediente aparezca como terminado si nunca encontró una respuesta satisfactoria. En otras palabras, la justicia no puede medirse exclusivamente por el número de noticias criminales que salen del inventario, sino que debe medirse también por la calidad de las respuestas y por la capacidad de explicar a las víctimas por qué un caso continúa, por qué se archiva, por qué se precluye, por qué se negocia o por qué jurídicamente no puede continuar.

El vencimiento de términos plantea otro punto especialmente sensible. Jurídicamente, no debe confundirse con la prescripción de la acción penal: el vencimiento de términos produce determinadas consecuencias procesales cuando se configuran sus presupuestos legales, mientras que la prescripción puede extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. Pero para la ciudadanía existe una consecuencia común mucho más sencilla de entender: el tiempo terminó jugando a favor de la imposibilidad de obtener una respuesta judicial, y cuando eso sucede de manera repetida, la confianza en la justicia comienza a deteriorarse.

La discusión entonces no debería reducirse a si la Fiscalía trabaja mucho o poco. Sin duda alguna, sus funcionarios, investigadores y fiscales pueden estar haciendo esfuerzos enormes y, aun así, el sistema continuar congestionado. El verdadero problema es si la estructura institucional que el Estado ha construido corresponde al tamaño y complejidad de la criminalidad que Colombia enfrenta.

La Fiscalía necesita más que reformas procedimentales: requiere una política institucional de largo aliento sobre investigación criminal, talento humano, Policía Judicial, tecnología, análisis criminal, laboratorios, descongestión, especialización y distribución territorial de las cargas de trabajo. Además, necesita saber dónde están los mayores inventarios, qué delitos generan mayor presión, cuáles investigaciones tienen posibilidades reales de judicialización y dónde se están perdiendo años de trabajo.

Una Fiscalía eficiente no es necesariamente la que archiva más rápido, ni la que presenta más imputaciones, ni la que logra más terminaciones anticipadas; es aquella que logra utilizar racionalmente los recursos públicos para investigar los delitos que deben ser investigados, llevar ante los jueces los casos que tienen fundamento probatorio y ofrecer respuestas comprensibles y oportunas a las víctimas y a la sociedad en general.

La crisis del sistema penal acusatorio colombiano no necesariamente significa que el modelo haya fracasado, sino que después de más de dos décadas de funcionamiento, Colombia tiene que preguntarse si el diseño institucional, los recursos disponibles y las herramientas procesales son suficientes para la realidad criminal de hoy. Porque el problema no desaparece cuando un expediente cambia de estado en el sistema, el delito continúa existiendo y la víctima continúa esperando.

Si la respuesta del Estado llega demasiado tarde, llega incompleta o simplemente no llega, la sociedad termina aprendiendo una conclusión demasiado peligrosa: que denunciar no necesariamente significa obtener la tan anhelada justicia.

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