La obligación de no revictimización
La Ley 2605 de 2026, conocida como Ley Jineth Bedoya Lima, hace obligatoria la capacitación de los servidores públicos para no revictimizar a las mujeres. Desde su experiencia como fiscal, Lillyam Soto Cárdenas explica su origen, su fundamento constitucional y por qué la celebra.
Escuchar a las víctimas y otorgarles una posición respetuosa dentro del proceso penal no ha sido tarea fácil. Se trata de un avance legislativo, pero también de una transformación que el derecho procesal contemporáneo ha venido consolidando, a la cual debe sumarse la capacitación de quienes, de una u otra forma, hacemos parte del sistema de justicia; una formación que no solo lleve a la introyección de conocimientos jurídicos, sino también a repensarnos culturalmente.
En ese camino, la Ley 1257 de 2008 y los tratados internacionales, como la Convención de Belém do Pará, consolidaron esa participación y protección de las víctimas que han sufrido violencias basadas en género. En buena hora, la Ley 2605 de 2026, también conocida como “Ley Jineth Bedoya Lima” o “Ley de Atención Sin Revictimización“, aprobada en el Senado en junio de 2026 y sancionada el 27 de julio de 2026, apunta de forma precisa a la capacitación obligatoria de los servidores estatales para evitar la revictimización. Pero, en realidad, no inventa nada: vuelve obligatorio lo que antes era exhortación: capacitarse para no revictimizar.
No es un tema de ideología de género; es un tema de derecho constitucional, del bloque de constitucionalidad y de nuestro ordenamiento interno.
Lo digo con autocrítica, porque mi propio ejercicio como fiscal también estuvo atravesado por estereotipos. En mis primeros años, la violencia intrafamiliar ni siquiera era delito y no se hablaba de delitos de género. Hablábamos de delitos sexuales, incluso de delitos contra la libertad y el pudor sexuales, como los denominaba el Código Penal de 1980. Yo pensaba, como muchos servidores de la época, que la violencia intrafamiliar era un asunto íntimo, privado, de pareja. Fue el feminismo el que nos enseñó que «lo personal es político», frase acuñada por el feminismo radical de finales de los años sesenta y popularizada por Carol Hanisch en su ensayo de 1969 The Personal is Political (Lo personal es político). El tiempo, el estudio y, sobre todo, escuchar a las víctimas, nos llevaron a comprender lo que hoy es evidente: visibilizar lo que ocurría en lo privado era la forma de reivindicar a un sujeto de especial protección constitucional, la mujer, discriminada de forma milenaria.
Fueron los movimientos feministas y las convenciones internacionales de protección a la mujer los que construyeron un bloque normativo sólido, vinculante y de rango constitucional. Ese bloque está integrado por los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará de 1994, la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014, y ha sido desarrollado con filigrana por las altas cortes.
En materia de no revictimización y violencia institucional, la Corte Constitucional ha sido contundente: existe una obligación positiva del Estado de garantizar el acceso a la justicia sin estereotipos de género, sin dilaciones injustificadas y sin someter a la mujer a una segunda violencia por parte de sus propios agentes. Así lo definió la Sentencia T-735 de 2017, al caracterizar la violencia institucional y ordenar formación obligatoria con enfoque de género a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; lo reiteró la T-126 de 2018, al consagrar el derecho de la víctima a no ser revictimizada y prohibir la imposición de una tarifa probatoria a su credibilidad; y lo precisaron posteriores decisiones, que proscriben el uso de estereotipos, el escrutinio sobre la vida íntima de la víctima y la exigencia de un relato lineal y sin fisuras como condición para creerle.
La Sentencia T-878 de 2014, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, es de obligatoria referencia por constituir un hito jurisprudencial. Si bien no acuñó expresamente el término de violencia institucional, fue contundente al señalar: “…la agresión contra la mujer solo se produce cuando la sociedad y el Estado han fallado en su deber de prevención; por tanto, la indiferencia ante tales comportamientos termina por legitimarlos e invisibiliza a la víctima…”. Asimismo, dispuso la capacitación de los fiscales en enfoque de género e instó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a adoptar las modificaciones necesarias para impedir la revictimización de la población femenina agredida.
Jineth Bedoya, secuestrada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo de 2000, tuvo que narrar su historia más de diez veces ante el Estado, incluso frente a sus agresores. La Corte Interamericana, en el caso Bedoya Lima vs. Colombia (2021), condenó al Estado por esa segunda violencia y ordenó medidas de no repetición. De allí nace esta ley, impulsada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao y la senadora Norma Hurtado. ¿Qué ordena? Formación obligatoria, continua, evaluable y certificada para jueces, fiscales, CTI, Medicina Legal, policía, comisarías de familia y sector salud, entre otros; también crea el Comité de Coordinación e Implementación de Procesos de Capacitación y No Revictimización contra las Mujeres y fija responsabilidad disciplinaria a quienes no dispongan las capacitaciones y a quienes no asistan a ellas.
Por eso celebro esta ley. No es un debate político; es cumplimiento de los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución, del bloque de constitucionalidad y de la dignidad humana. Como bien señala la profesora Alda Facio, juzgar con perspectiva de género no es favorecer a la mujer, es remover el velo androcéntrico del derecho para ver la discriminación real. El Estado que se capacita no repite la violencia que dice combatir. Y la justicia, por fin, empieza por una escucha que no hace daño.
