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Memoria Histórica

Cuando investigar costaba la vida

Entre 1997 y 1999, al menos 12 investigadores del CTI fueron asesinados en Medellín. Una investigadora que vivió esos años recuerda el miedo, la pérdida de su jefe y de sus compañeros, y pide a la Fiscalía reconstruir la memoria de esos crímenes.

Por Gloria Beatriz González Tirado, Presidenta Nacional de UNISERCTI 13 min de lectura
Cuando investigar costaba la vida
Homenaje a los investigadores del CTI asesinados, en la conmemoración de los 28 años del caso Parqueadero Padilla, Bogotá. Foto: UNISERCTI.

A finales de los años noventa, trabajar como investigador judicial en Medellín significaba cumplir con una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, convivir con un temor que pocas veces expresábamos abiertamente. En el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) empezaron a asesinar a varios compañeros. Al principio no sabíamos con certeza por qué ocurrían esos crímenes ni quién estaba detrás de ellos. Solo veíamos cómo, uno tras otro, nombres conocidos desaparecían de nuestra vida cotidiana, dejando a sus familias y a quienes trabajábamos con ellos tratando de entender lo sucedido.

Por esos años, yo estaba adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en el sector de la carrera El Palo con la calle Colombia. El CTI de Medellín tenía una dinámica muy operativa. Muchos llevábamos radios y por ese medio nos enterábamos de los procedimientos, las novedades y los hechos que ocurrían durante la jornada. Esa comunicación nos mantenía conectados con el trabajo, pero también hacía que las noticias de nuevos ataques llegaran casi de inmediato. Cada reporte podía despertar la preocupación por un compañero; cada silencio dejaba espacio para imaginar lo peor.

En el ambiente se hablaba de una guerra silenciosa contra los investigadores y se mencionaba con insistencia a la banda La Terraza. No teníamos una explicación completa de lo que estaba pasando. Con el paso de los meses comenzaron a circular versiones según las cuales algunas personas desde dentro de la institución podrían estar entregando información o señalando a sus propios compañeros. Era una sospecha dolorosa: no solo debíamos cuidarnos de los delincuentes a los que investigábamos, sino que empezábamos a preguntarnos si alguien conocía nuestros movimientos, horarios y tareas. La incertidumbre terminó por convertirse en parte de la jornada laboral.

Entre los compañeros asesinados recuerdo a Edward, Martín Julio, Luis Fernando, Joel, Yirman y Julio César, algunos de ellos investigadores de homicidios. Quisiera traer a la memoria el nombre de todos. A tres de ellos los mataron en Bello. Edward fue atacado cuando se desplazaba con su esposa hacia el trabajo; ella intentó protegerlo y los agresores la golpearon con puños y patadas. Tenían una bebé de pocos meses de nacida. Detrás de cada investigador había una familia que esperaba su regreso y que, de un momento a otro, debía aprender a vivir con una ausencia irreparable.

De todas aquellas pérdidas, hay dos que me acompañarán siempre. La de Edward Holguín, con quien compartía la información de los homicidios que me tocaban en el turno y que tenían relación con las investigaciones que él llevaba, y la de Manuel Guillermo López Umaña, quien para esa época era el jefe de la Sección de Investigación y Análisis (SIA), antecedente de lo que hoy conocemos como la Sección de Análisis Criminal (SAC). Lo asesinaron en el sector de Galerías de San Diego cuando iba camino a la oficina. Según el recuerdo que conservo, recibió tantos impactos de bala que algunos testigos manifestaron que le dispararon aproximadamente dos cargadores de pistola. No pudimos reconocerlo en el lugar de los hechos. Tenía alrededor de cuarenta años, hablaba varios idiomas y era un funcionario experimentado, con un conocimiento profundo de su trabajo.

Manuel iba solo cuando lo mataron. Su cuerpo llegó al Instituto Nacional de Medicina Legal sin identificar y a mí me correspondió la dolorosa tarea de identificarlo. Todavía recuerdo el impacto de ese momento. No era una noticia escuchada por radio ni un nombre más en una lista de víctimas: era la persona con la que había trabajado, alguien a quien respetaba y apreciaba, que me había orientado y protegido desde mi llegada a la entidad. Reconocerlo fue enfrentar de golpe una realidad que hasta entonces parecía rondarnos a todos, pero que ese día se llevó a alguien muy cercano.

Yo era investigadora de escena del crimen y llevaba apenas unos dos años vinculada al CTI. Manuel me brindaba respaldo, en parte porque era mujer y tenía poca antigüedad en la institución. Su acompañamiento me ayudó a desempeñar mi labor en una época sumamente difícil. Por eso su muerte tuvo para mí una dimensión personal que iba más allá de perder a un jefe: desaparecía alguien que me había dado confianza cuando todavía estaba aprendiendo a abrirme camino en el trabajo investigativo.

Su asesinato ocurrió en un contexto institucional delicado. La SIA manejaba información reservada y participaba en investigaciones sensibles, entre ellas las relacionadas con los homicidios de nuestros propios compañeros. Al mismo tiempo, se adelantaban actuaciones que luego serían importantes para entender las relaciones entre estructuras criminales, redes financieras y paramilitarismo. Entre ellas estuvo la investigación que condujo al allanamiento del parqueadero Padilla, el 30 de abril de 1998, donde se encontró documentación contable y financiera clave de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Con los años, el caso del parqueadero Padilla se convirtió en una referencia obligatoria para reconstruir las redes económicas del paramilitarismo. Relatos periodísticos y testimonios de quienes participaron en esas investigaciones han mostrado la trascendencia de aquel hallazgo y los enormes riesgos que afrontaron los funcionarios. Ese contexto ayuda a comprender la gravedad de aquellos años, aunque no basta por sí solo para establecer las causas de cada asesinato ni para confirmar todas las versiones que circularon entre nosotros. Una cosa es lo que vivimos, escuchamos o sospechamos, y otra muy distinta aquello que pudo demostrarse judicialmente.

Mientras tanto, nosotros teníamos que seguir trabajando. La zozobra se metía en la vida diaria. No sabíamos de dónde podía venir el próximo ataque ni si nuestros desplazamientos eran conocidos por quienes querían hacernos daño. La preocupación nos acompañaba al regresar a casa, al conversar con la familia y hasta cuando intentábamos descansar. Las reuniones entre compañeros dejaron de ser, muchas veces, encuentros para compartir una cerveza o celebrar algo. Con demasiada frecuencia nos encontrábamos en las salas de velación, acompañando a otra familia que acababa de perder a uno de los nuestros.

También hubo depuraciones dentro de la entidad y algunas personas salieron del CTI. Sin embargo, desde la perspectiva de quienes vivimos esos hechos, no siempre quedó claro qué se había probado en cada caso ni qué relación concreta existía entre determinadas personas y los homicidios. No sería justo convertir en certezas las sospechas de aquellos días. Pero tampoco sería correcto borrar de la memoria el miedo que produjeron las versiones sobre posibles filtraciones internas y la vulnerabilidad que sentimos durante tanto tiempo.

Con los años se conocieron versiones que relacionaban a alias El Zarco con la estructura sicarial de La Terraza y con hechos de violencia de esa época. También se han publicado relatos sobre los vínculos y posteriores conflictos de esa estructura con el entorno paramilitar. Aun así, para quienes trabajábamos en el CTI nunca llegó a existir una explicación completa y accesible sobre el origen de los ataques contra nuestros compañeros. El fin de la «justicia sin rostro» y la existencia de los fiscales regionales no significaron que pudiéramos conocer lo que ocurría en los expedientes, muchos de los cuales permanecían bajo estricta reserva.

Esa falta de respuestas es una de las razones por las que vuelvo hoy sobre estos recuerdos. Durante los procesos de desmovilización paramilitar, en escenarios judiciales posteriores y ante la justicia ordinaria, muchos de quienes vivimos directamente aquella situación no fuimos convocados -al menos que yo sepa- para contar lo que habíamos visto y experimentado en Medellín. No pretendo afirmar que no se haya practicicado ninguna diligencia ni que todos los casos sigan en el mismo estado. Lo que puedo decir es que, desde mi experiencia y la de otros compañeros antiguos, seguimos sin conocer de manera completa qué se estableció en cada investigación y por qué tantas preguntas permanecen abiertas.

Por eso quisiera que la Fiscalía General de la Nación, junto con los espacios dedicados a la memoria, promoviera una reconstrucción rigurosa de estos hechos. Sería importante revisar los archivos disponibles, identificar el estado de las investigaciones y escuchar tanto a los antiguos funcionarios como a las familias. El Museo Casa de la Memoria de Medellín podría contribuir a reunir esas voces y ponerlas en diálogo con la documentación existente. No se trata de alimentar rumores ni de señalar sin pruebas, sino de recuperar información, contrastarla y ayudar a que esta parte de la historia de la ciudad y de la policía judicial del CTI sea mejor conocida.

En aquellos años los recursos eran escasos, pero entre muchos de nosotros había una gran vocación de servicio y un fuerte sentido de compañerismo. Nos tocó trabajar en medio de la violencia de los cárteles, del narcoterrorismo de Pablo Escobar y de otras formas de criminalidad que golpearon con fuerza a Medellín y al país. Después llegaron nuevos desafíos, entre ellos la violencia paramilitar y las investigaciones sobre sus redes. El CTI no llegó a ser la policía judicial especializada que hoy conocemos de un día para otro: esa construcción también se sostuvo sobre el esfuerzo de personas que trabajaron bajo una presión extrema y, en muchos casos, pagaron con su vida el cumplimiento del deber.

Cuando miro hacia atrás, pienso también en las nuevas generaciones. El CTI has cambiado, dispone de otras herramientas y enfrenta problemas distintos, pero me preocupa que parte del personal joven no conozca la historia de quienes los precedieron. La renovación generacional es necesaria; el olvido, no. Conocer lo ocurrido no significa vivir anclados en el pasado, sino entender que las capacidades y el reconocimiento de una institución se construyen sobre el esfuerzo de muchas personas, incluidas aquellas que ya no están para contar su propia historia.

Escribo estas líneas por Manuel Guillermo López Umaña, por Edward Holguín y por los casi 52 compañeros asesinados durante aquellos años. Escribo también por sus familias, que sufrieron la pérdida y merecen que su dolor forme parte de la memoria colectiva. No pretendo ofrecer una explicación definitiva ni cerrar una historia que todavía necesita investigación. Quiero dejar constancia de lo que viví, de la huella que esos hechos dejaron en mí y de las preguntas que continúan acompañando a quienes sobrevivimos. También quiero dejar constancia de las diligencias de inspección a cadáver en las que participé y que, en medio del dolor y las lágrimas, no podíamos parar. Había que indagar, buscar testigos y averiguar hasta el más mínimo detalle para establecer móviles y autores.

Ojalá este testimonio sirva como un primer paso para que otros compañeros se animen a contar lo que recuerdan y a aportar los documentos que conserven. Cada relato, contrastado con los archivos y las pruebas disponibles, puede ayudar a reconstruir una historia que no debería perderse con el paso del tiempo. La justicia tiene todavía la tarea de explicar qué se investigó, qué se logró establecer y qué permanece sin esclarecer.

No ha sido fácil para el CTI llegar hasta donde ha llegado. Detrás de su historia hay extenuantes jornadas de trabajo, sacrificios personales, solidaridad entre compañeros y pérdidas que dejaron marcas profundas. Quienes llegan hoy deben conocer las raíces de la institución y la violencia que afectó a sus integrantes. La mística no nace de un discurso: se forma con el compromiso, la preparación, la solidaridad y la conciencia de la gran responsabilidad que implica investigar. Recordar a quienes ya no están es una manera de reconocer su aporte y de evitar que el silencio termine por borrar lo que vivimos.

Ninguna de estas muertes fue un hecho aislado. Ellos estaban tocando con sus investigaciones las entrañas del paramilitarismo en Medellín, pues se atrevieron a rastrear sus finanzas, bienes, redes de apoyo y sus nexos con el parqueadero Padilla. Muchos de ellos cayeron por no ceder ante la corrupción. Entre 1997 y 1999 vivimos la época, a mi modo de ver, más oscura y sangrienta que haya enfrentado el CTI.

La historia de quienes arriesgaron todo en esos años tan difíciles en Medellín merece ser contada con claridad y respeto. Quisiera poder mencionar a cada uno de los que dieron su vida por adelantar una investigación. A continuación, los nombres de algunos de ellos:

  • John Jairo Ruiz (asesinado el 14 de marzo de 1997).
  • Jaime Augusto Piedrahita (asesinado el 4 de julio de 1997).
  • Manuel Guillermo López Umaña (asesinado el 5 de septiembre de 1997; para la época, jefe de la SIA, lo que hoy conocemos como la SAC).
  • Luis Fernando González Jaramillo (asesinado el 13 de abril de 1998).
  • Augusto de Jesús Botero (asesinado el 8 de mayo de 1998).
  • Sergio Humberto Parra Ossa (asesinado el 10 de junio de 1998; para la época, jefe de la Unidad de Investigaciones).
  • Tomás Santacruz (asesinado el 16 de junio de 1998).
  • Luis Fernando Mesa (asesinado el 5 de octubre de 1998).
  • Edward Holguín (asesinado el 14 de diciembre de 1998).
  • Jorge Fernández (asesinado el 7 de enero de 1999).
  • Diego Arcila (asesinado el 15 de febrero de 1999).
  • Yirman Giraldo (asesinado el 9 de diciembre de 1999).

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