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Los claroscuros del concurso de méritos

Una fiscal delegada ante tribunal hace balance del Concurso de Méritos FGN 2024, que ofertó 4.000 vacantes: reconoce el esfuerzo de la entidad, pero cuestiona el cambio en la ubicación de las plazas y la falta de recursos para los recién nombrados.

Por Alexandra Vélez, fiscal delegada ante el Tribunal 6 min de lectura
Los claroscuros del concurso de méritos
Foto: Wikimedia Commons (vía Careers360).

Es incuestionable que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, realizó esfuerzos que posibilitaron la convocatoria de 4000 cargos para ser provistos mediante concurso de méritos, convocatoria que se concretó en el Acuerdo 001 de 2025 de la Comisión de la Carrera Especial, en el que se establecieron las reglas para proveer algunas vacantes definitivas en las modalidades de ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera. En dicho documento se señaló en el artículo 4° que el acuerdo era la norma reguladora que obligaba a la Fiscalía General de la Nación, a la UT Convocatoria FGN 2024 y a todos los participantes. Esto se traducía en el principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica para todos, al tener reglas claras de participación. Incluso en su artículo 6 señalan la Oferta Pública de Empleos de Carrera Especial (OPECE) y en su parágrafo 2 inciso segundo disponía que la OPECE identificará por denominación de empleo la ubicación de las vacantes por Dirección Seccional para el grupo de Fiscalía. Y en el SIDCA 3 de la Universidad Libre se encontraba para cada OPECE la ubicación geográfica y distribución por número de vacantes.

Con estas reglas, miles de ciudadanos se dispusieron a participar, presentaron las pruebas escritas de conocimientos, las pruebas comportamentales, aportaron la documentación para la valoración de sus hojas de vida, una vez superadas estas fases, aquellos que fueron enlistados como elegibles se sometieron al estudio de seguridad, y a pocos días de acudir a la audiencia de escogencia de la vacante se encontraron con que las ubicaciones territoriales habían sido modificadas unilateralmente por la entidad, asignándolas, en varios empleos, mayoritariamente al Nivel Central, suprimiendo sedes o número de vacantes para determinadas territorialidades, vulnerando la confianza legítima de los participantes. Esto obviamente cambió las condiciones y para algunos cargos implicaba la renuncia a su aspiración de acceder a la carrera administrativa, por los costos adicionales que debían asumir en sus nuevas sedes laborales. Prueba de ello son los constantes movimientos en algunas listas de elegibles bien por la no aceptación, o porque aceptando no se posesionan, o incluso posesionándose renuncian después de llegar a los cargos. A este grave traumatismo ha de sumarse que muchos de los nombrados a su llegada se han encontrado sin computador, sin oficina, sin asistente, sin policía judicial, condiciones mínimas para realizar su labor, debiendo esperar que se les provea estos recursos, con la agravante de que corren inexorablemente los seis meses del periodo de prueba, que será evaluado conforme a los parámetros de evaluación del desempeño, que han sido cambiados en dos oportunidades y con posterioridad a que se hicieran públicas las listas de elegibles e incluso cuando algunos funcionarios ya se encontraban posesionados.

Lo anterior resulta inexplicable teniendo en cuenta que la entidad y sus diversas direcciones contaron con un término de casi 18 meses para prepararse para la llegada de los nuevos funcionarios y más aún cuando se supone que los códigos o ID estaban ocupados por funcionarios provisionales o funcionarios con edad de jubilación que fueron alertados de su salida por el concurso de méritos. La Fiscalía no creó nuevos cargos, y la convocatoria se dio en 4000 vacantes que ya existían, esto puede verificarse en las Resoluciones 01566 y 02094 de marzo de 2025 o en la página de intranet en el módulo de “concurso al día” donde se señalan incluso los ID ofertados y qué personas los ocupaban.

Las preguntas que surgen son evidentes: ¿dónde estaban los recursos tecnológicos, humanos y las cargas laborales que ya existían? Si estas cargas no fueron depuradas, ¿a qué funcionarios les fueron asignadas? Da fe de este desorden la asignación realizada a algunos de los fiscales delegados ante el tribunal recién nombrados en periodo de prueba, a quienes les entregaron para su conocimiento carpetas que son de competencia exclusiva de fiscales especializados y seccionales.

Faltó en el artículo 2 del Acuerdo 001 de 2025 indicar que las etapas del concurso de méritos eran una prueba de obstáculos que el participante debía rebasar, pues no solo debía superar las pruebas de conocimientos, comportamentales, antecedentes laborales suficientes, sino además lograr pasar invicto la audiencia de escogencia de sedes, la que unilateralmente se decidió fuera virtual, pese a existir las subdirecciones regionales, sometiendo a cada participante a un periplo, pues debía contar con cobertura óptima de internet, sin fallas y que la resolución de sus equipos permitiera que su documento de identidad fuera indubitablemente observado, para evitar que su turno fuera pasado al último lugar de la lista, como ocurrió en múltiples casos que han suscitado acciones constitucionales de tutela. Se debió además sortear jurídicamente las acciones constitucionales de quienes buscaban suspender el concurso de méritos y con ello las aspiraciones de quienes se encontraban en las listas de elegibles. Con la notificación de las resoluciones de nombramiento se exigió para proceder a la posesión aportar abundante documentación para acreditar lo ya acreditado y que reposa en las hojas de vida de la entidad, o en los sistemas públicos de consulta.

Vencidas las anteriores etapas, ahora lo que corresponde es superar el periodo de prueba con la calificación que lo permita, y ser escalafonado en el registro de carrera administrativa. Y esperar que en las convocatorias futuras a concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación se tengan en cuenta estas dificultades y se establezcan los correctivos para evitar traumatismos funcionales que al final de cuentas se reflejan en el servicio a los ciudadanos; y confiar en que durante esta administración se concrete un acuerdo que convoque a concurso de méritos para la provisión de cargos del Cuerpo Técnico de Investigación, que tenga en cuenta los perfiles y necesidades que el organismo realmente requiere para su fortalecimiento, pues la reducción de la planta de personal del CTI es notable en todas las áreas que cubre, con clara incidencia en los procesos investigativos.

Por lo pronto, felicitaciones a los elegidos.

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